La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es la decisión consciente de finalizar un embarazo dentro del marco legal vigente. En Chile, esto solo está permitido en tres situaciones específicas, conocidas como causales: 

• Causal 1: Cuando la vida de la persona gestante está en peligro. No existe un límite de semanas para interrumpir el embarazo. 
• Causal 2: Cuando el feto presenta una alteración estructural o genética letal, incompatible con la vida fuera del útero. Requiere confirmación por dos diagnósticos médicos especializados. Tampoco tiene límite de semanas. 
• Causal 3: Cuando el embarazo es resultado de una violación. En este caso, la interrupción debe realizarse dentro de un plazo de hasta 12 semanas, si la persona gestante tiene más de 14 años, y hasta 14 semanas si tiene menos de 14 años. 

Hablar de forma clara, respetuosa y con información confiable sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) permite acceder a servicios de salud seguros y tomar decisiones informadas sobre derechos sexuales y reproductivos. 

Los embarazos no planificados en la adolescencia son un fenómeno que sigue presente a nivel mundial por la falta de educación sexual, el acceso limitado a anticonceptivos y la vulnerabilidad social. Prevenirlo es relevante porque ayuda a proteger la salud de las y los jóvenes, a apoyar su continuidad educativa y evitar ciclos de pobreza que afectan su futuro y el de sus familias. 

Según la OMS, el aborto es la interrupción de un embarazo después de la implantación del huevo fecundado en el útero y antes de que el feto tenga la capacidad de sobrevivir fuera de él. Esta interrupción puede ser: 

• Espontánea: cuando ocurre de forma natural, sin intervención médica. 
• Provocada o inducida: cuando se realiza intencionalmente, por decisión de la persona gestante o por razones médicas. 

IMPORTANTE: Un aborto no seguro es aquel que se realiza sin cumplir condiciones médicas adecuadas y/o por personas sin la capacitación necesaria. Puede provocar complicaciones como infecciones, hemorragias severas, infertilidad e incluso la muerte.  

Fuera de las tres causales permitidas por la ley chilena, el aborto es considerado un delito y puede ser sancionado penalmente. Sin embargo, las personas que no pueden pagar un aborto en condiciones seguras, que no conocen sus derechos y deberes, o que temen el estigma social, pueden recurrir a prácticas clandestinas, las cuales, en muchas ocasiones, son realizadas en condiciones inseguras. Además, la existencia de barreras como la objeción de conciencia institucional o personal puede dificultar aún más el acceso a servicios legales y seguros. 

La objeción de conciencia es el derecho que tienen algunos profesionales de salud a abstenerse de participar en la interrupción del embarazo por motivos personales, éticos o religiosos. 

En Chile, hay miles de funcionarios del sistema público que han declarado ser objetores de conciencia. Esto puede generar demoras o dificultades para acceder a un procedimiento de aborto seguro, a pesar de que la persona gestante cumpla con alguna de las tres causales legales. 

Toda persona gestante que cumple con alguna de las tres causales tiene derecho a:  

• Acceder a la interrupción del embarazo de forma segura, respetuosa y dentro de los plazos legales.
• Recibir un programa de acompañamiento psicosocial, que incluye orientación, apoyo emocional y atención médica antes, durante y después del procedimiento.  
• Tomar una decisión informada, ya sea continuar o interrumpir el embarazo, sin presiones externas.